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28
Jan
2020

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético pide que se reduzca el impacto de las plantas fotovoltaicas

Nota de Prensa | January 28, 2020

 

La Plataforma ha elaborado un documento sobre Propuestas de la Px1NME para un sistema eléctrico descarbonizado y democratizado. Reducir el impacto medioambiental de las grandes instalaciones fotovoltaicas

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La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético considera que ante la proliferación de proyectos de grandes instalaciones fotovoltaicas es preciso evaluar la situación con sensatez y considerar tanto los impactos de dicha fuente energética como los beneficios, a nivel global y local, y formular propuestas y recomendaciones ajustadas a la situación de emergencia climática en que nos encontramos. La Plataforma ha elaborado un documento sobre “PROPUESTAS DE LA Px1NME PARA UN SISTEMA ELÉCTRICO DESCARBONIZADO Y DEMOCRATIZADO. REDUCIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS GRANDES INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS” donde se aborda esta cuestión.

En él se apuesta por la sustitución acelerada de la energía basada en combustibles fósiles y nucleares por energías renovables, pero se defiende que esta sustitución debe basarse en un objetivo ambicioso de penetración del autoconsumo (residencial, industrial, de servicios y agrario) acompañado de una estrategia específica para su desarrollo.

Además, la planificación debería determinar qué otras tecnologías y tipologías renovables y en qué proporción deben cubrir la demanda eléctrica prevista de muchos sectores y ámbitos que apenas podrían abastecerse con generación distribuida (transporte ferroviario, industria intensiva, ciertas instalaciones de servicios o residencial…). En este sentido se tendrían que considerar especialmente las tecnologías renovables que aporten estabilidad al sistema eléctrico (hidráulica con bombeo, biomasa eléctrica adecuadamente dimensionada, biogás, solar termoeléctrica….).

El desarrollo masivo del autoconsumo doméstico, agrícola o industrial y de las comunidades energéticas implica un modelo con menor impacto sobre el territorio y más democrático que el modelo centralizado basado en grandes instalaciones, que suelen ser propiedad del oligopolio energético, pero necesita un impulso especial por parte de todas las instituciones tanto estatales como locales o autonómicas. Se deberán, también, poner en marcha mecanismos de gestión de la demanda que permitan participar a los usuarios del sistema eléctrico en la estabilidad de la red.

Hacer frente a la emergencia climática va a implicar un gran esfuerzo. 2019 finalizó con 7.800 MW instalados de energía fotovoltaica (FV), pero para lograr el objetivo de que en 2030 haya un 74% de generación de electricidad renovable el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) plantea que, además de eólica y de otras tecnologías renovables, en dicho año haya una potencia instalada de 39.181MW fotovoltaicos. Eso supone que en 10 años habría que instalar algo más de 30.000 MW adicionales, sobre los 9.000 que más o menos existirán a finales de 2020. Parece difícil que este objetivo pueda alcanzarse sólo con autoconsumo, lo que exige el despliegue de una variedad de tipos de instalaciones fotovoltaicas en esta próxima década.

La solicitud de un gran número de permisos de acceso y conexión a red para grandes plantas fotovoltaicas y su previsible impacto sobre el territorio hace que sea preciso establecer criterios estrictos sobre la aprobación de dichos proyectos que tengan en cuenta:

  • La anteriormente mencionada planificación de las necesidades de nueva potencia en un mix diversificado renovable.

  • La adecuada planificación de las redes de evacuación y de los puntos de distribución.

  • La priorización de ubicación para estas instalaciones en zonas de transición justa que hayan sufrido el cierre de instalaciones térmicas, que precisen de reactivación económica o muy despobladas.

  • La determinación por parte de las administraciones autonómicas o estatales de zonas de exclusión que deben incluir los Espacios Naturales Protegidos, la Red Natura 2000, las zonas sensibles de especies protegidas, los sistemas de alto valor natural, las zonas de dominio público y las zonas de interés paisajístico y cultural.

  • La aplicación estricta de la evaluación de su impacto medioambiental y sobre el territorio según los criterios señalados en el anexo de este documento.
 
 
 
 

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