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09
Apr
2018

La Px1NME denuncia el retraso del nuevo bono social por problemas de información y tramitación

Noticia | April 9, 2018

 

El Ministerio de Energía ha rectificado y prolonga seis meses más el período de solicitud del nuevo bono social eléctrico. Se arriesgaba a un desastre puesto que a pocos días del cierre del bono actual sólo una pequeña fracción de consumidores habían podido obtener el nuevo bono. Apenas 400.000 solicitudes tramitadas y sólo 170.000 aprobadas, cuando son unos 2,5 millones de hogares los beneficiarios del modelo vigente.

bombilla_y_billetes.jpgEl próximo 10 de abril entra en vigor la nueva norma que define quienes tienen derecho a un descuento en el recibo de la luz y una cierta protección frente al corte por impago: el Real Decreto 897/2017 por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

Hasta ese momento, son beneficiarios los hogares con potencia contratada inferior a 3 kW, las familias numerosas, las unidades familiares con todos sus miembros en situación de desempleo y los pensionistas con renta mínima. Pero esto dejaría de ser así en abril, cuando todos los consumidores afectados deberían haber tramitado ya una nueva solicitud a la comercializadora de referencia para no perder el bono social. Y como no ha sucedido de la manera prevista, nos encontramos que para el 84% de los antiguos beneficiarios del bono social, es decir, una buena parte del sector de población más vulnerable y empobrecido por la crisis, hubiera significado una fortísima subida del recibo de la luz: "de golpe" un 33% más cara.

Era evidente la necesidad de retrasar la entrada en vigor del nuevo bono social para resolver los problemas administrativos y hacer una buena campaña de información al usuario. Pero sigue siendo también evidente, a la vista de los datos, la necesidad de presentar un informe de evaluación de su eficacia como medida contra la pobreza energética antes de que cumpla la prórroga de seis meses.

Según se ha publicado en el periódico Cinco Días, el número de solicitudes hasta ahora es alarmantemente bajo. A finales de marzo, fuentes de Endesa indicaron que tenían unas 180.000 solicitudes tramitadas; otro tanto Iberdrola, con 186.000 recibidas hasta entonces; menos Gas Natural, unas 58.000, y el resto, Viesgo y EDP, otras 18.000 peticiones. El Ministerio de Energía ya ha rechazado 32.000 por no cumplir los requisitos. Pero aún más preocupante es que en la primera semana de marzo (según fuentes propias) no se había tramitado aún ninguna solicitud del grupo de vulnerables en riesgo de exclusión social.

No creemos que sea un problema de desinterés del usuario, sino una combinación de falta de información al cliente, de atasco burocrático en la tramitación de la documentación exigida y de la reducción del alcance protector del nuevo bono social. Hay problemas de fondo que no solucionará la prórroga.

A pesar de que se estableció un plazo inicial de seis meses para que el consumidor intentara entrar en la nueva lista de beneficiarios, sin una adecuada campaña no era previsible que fuera suficiente. Como la CNMC ha señalado, el 70% de hogares españoles todavía desconoce si su contrato de electricidad está en el mercado regulado o libre [1]. Las comercializadoras de referencia parecen movilizarse ahora para avisar a sus clientes amparados por el antiguo bono social, pero probablemente no va a dar tiempo a que se incorpore a toda la ciudadanía que cumple las condiciones para ser beneficiaria.

El nuevo bono social tiene como objetivo principal definir un concepto de consumidor eléctrico vulnerable de acuerdo con criterios de renta, salvo para los que presenten un título de familia numerosa. Y se deja en manos de las empresas comercializadoras de referencia (COR) la comprobación de todos los requisitos, incluyendo las rentas de los solicitantes y su situación de jubilación. Bien mediante la presentación de la última declaración de renta en papel o mediante consulta telemática con la sede electrónica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital o con la Seguridad Social. Aquí se encuentra otra parte del retraso en el proceso de las escasas solicitudes, a decir de las empresas. El Ministerio no responde con adecuada presteza.

Por otra parte, la CNMC también ha señalado en su preceptivo informe [2] sobre el RD 897/2017 que dichas empresas carecen de incentivo para aceptar solicitudes de bono social, y echa en falta un mecanismo de supervisión del proceso por parte del Ministerio responsable. Especialmente sobre las motivaciones aportadas en el caso de rechazo de solicitudes, además indica que el modelo que utilice el comercializador de referencia para especificar la razón de la denegación, debería aportar "información precisa al consumidor para poder reclamar la decisión del COR: en particular teléfono o dirección de correo electrónico del organismo o empresa competente para resolver la reclamación" y no remitirle simplemente a los "servicios de consumo correspondientes". Parece bastante claro que en el nuevo bono social falta la protección de los derechos de la ciudadanía.

La situación es peor para la fracción de población que sufre un nivel más profundo de pobreza energética. El denominado "consumidor vulnerable severo en riesgo de exclusión social" tiene que contar con la participación de los servicios sociales para alcanzar la bonificación eléctrica a que tenga derecho. Y esto es trascendental en su situación, porque en caso de impago no se enfrentaría al corte de suministro, sino que la empresa COR y los servicios sociales se harían cargo, al 50%, de la factura; es decir, los servicios sociales de la Administración (ámbito autonómico y/o municipal) asumen la responsabilidad de pagar esas facturas una vez que certifican que un o una titular de contrato eléctrico entra en esa categoría. Tienen que proveerse para ello de un presupuesto extra, o dejar de atender otras necesidades. Esta evidencia ha sido alegada por las CCAA en el informe de la CNMC, pero nada se establece en el RD 897/2017, por tanto es muy posible que la ciudadanía en mayor necesidad se encuentren en estos momentos en "tierra de nadie", y el nuevo bono social será inútil para ella.

Además de carecer de una financiación, también plantea problemas de gestión: se indica que la empresa comercializadora de referencia podrá firmar convenios de colaboración con las distintas Administraciones autonómicas o locales competentes. Y también: "Cuando las Administraciones autonómicas o locales hayan creado y puesto en marcha un registro administrativo de puntos de suministro de electricidad para los consumidores en riesgo de exclusión social, podrán solicitar la colaboración de la Administración General del Estado para compartir los datos, de tal forma que los comercializadores de referencia puedan efectuar las consultas correspondientes en el mismo". Esto es reconocer un problema y encomendar la solución a otros. ¿Es que se ha avanzado algo en esta muy necesaria coordinación?

El bono social es la única opción que contempla el Gobierno para abordar la pobreza energética en el acceso a la electricidad. Por ello es necesario evaluar el alcance del paraguas protector del nuevo bono en comparación con el que va a desaparecer. Y esto no se contempla en el RD 897/2017 ni, según apunta el informe de la CNMC, en la memoria justificativa que acompañaba la Propuesta que examinaron.

Con los datos de 2016, sabemos que disponían de bono social 2,4 millones de hogares, de los que:

  • La gran mayoría, 1,8 millones (75%) lo obtuvieron por tener una potencia contratada inferior a 3 kW, condición que ya no se contempla.
  • El siguiente grupo era el de los pensionistas, 320.254 (13%) y la financiación de su bono costó 32 M€. Ahora la CNMC estima que se gastarán solo 25 M€, a pesar del envejecimiento de la población y el endurecimiento de las condiciones para tener una pensión no mínima. Otra de las novedades que el RD 897/2017 incluye es el establecimiento de un límite de energía anual bonificable, que en el caso de los pensionistas por jubilación o incapacidad se fija en 1.680 kWh/año frente al consumo medio real de este colectivo, que es de 2.400 kWh/año (no se ha tenido en cuenta en el cálculo el efecto de la exclusión de las pensiones de viudedad y las no contributivas).
  • El 9% eran familias numerosas: este grupo permanece en el nuevo bono, pero el apoyo financiero bajará por el límite máximo de energía anual establecido en la Propuesta, 3.600 kWh/año frente al consumo medio real de estas familias, 4.000 kWh/año según la CNMC.
  • El colectivo de familias en paro ya no se contempla como grupo bonificable, tendrán que aportar datos para pasar el examen de renta.

Como se puede ver, el nuevo bono eléctrico es mucho más cicatero que el anterior puesto que el descuento aplicable no se hace sobre el consumo medio real de cada colectivo, sólo a una fracción. Por eso no se entiende que el Ministerio de Energía haya puesto por escrito en el BOE que su real decreto puede ser suficiente para acabar con la pobreza energética. Leer para creer: "aproximadamente, unos 4,5 millones de personas podrían estar en riesgo de pobreza energética... el volumen de hogares estimado que se deriva de la metodología de asignación del bono social aprobada por este real decreto se considera que es más que suficiente para la cobertura total de todas las personas con riesgo de pobreza energética que hay actualmente en España".

No hay ningún estudio que avale esta optimista declaración. El mencionado informe de la CNMC declara: "Esta Comisión no dispone de información suficiente para reproducir el coste total de financiación del bono social por lo que se recoge la estimación aportada por la memoria justificativa que acompaña la Propuesta". Y esa estimación consiste en tomar la cifra de 4,5 millones de personas en pobreza energética, aplicar el promedio de 2,5 personas por vivienda, con 3 kW de potencia contratada y asumir un consumo eléctrico de 1.800 kWh/año. El problema es que, según los datos que recopila la CNMC, el consumo medio en octubre de 2017 de un punto de suministro de una COR, con potencia contratada de 3 kW o menos es de 2.000 a 2.500 kWh/año [3].

En definitiva, no basta con dar más tiempo a los usuarios eléctricos para intentar entrar en la lista de bonificados. Es necesario solucionar, además de los serios problemas de procedimiento y coordinación entre administraciones, que la entrada en vigor del nuevo bono social eléctrico se condicione a la realización de un informe de evaluación de su impacto en la reducción de la pobreza energética. No se puede anular la única medida del gobierno para paliar los efectos sociales de la subida de la luz y pasar a un régimen que se queda muy corto frente a los consumos reales. A menos que... se aplicaran medidas de eficiencia energética. Pero no parece que sea ésta la intención del Ministro Nadal.

Recordemos que garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos los seres humanos es un objetivo de Naciones Unidas, y que el Parlamento Europeo y el Consejo reclaman a los Estados miembros las medidas necesarias para proteger a los consumidores vulnerables. Y como dijo la Defensora del Pueblo, "La energía eléctrica, como el agua, se han convertido en instrumentos fundamentales para hacer posible derechos que hoy son irrenunciables".

 

tabla_nuevo_bono_social.jpg

descuentos_bono_social.JPG


[1] https://blog.cnmc.es/2017/11/10/panel-de-hogares-cnmc-mercado-regulado-vs-mercado-libre-en-cual-estas/

[2] Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regula el consumidor vulnerable de energía eléctrica, el bono social y las condiciones de suspensión del suministro para consumidores con potencia contratada igual o inferior a 10 kW. 21 de junio de 2017, IPN/CNMC/009/17

[3] https://www.cnmc.es/sites/default/files/1963929_0.pdf

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