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17
Jan
2017

El Gobierno convierte el bono social en una bomba contra pequeñas comercializadoras y consumidores

Enlace a Noticia | January 17, 2017
Como ha sido publicado en

 

Tras cuatro años de inacción por parte del anterior Gobierno en lo que se refiere a la pobreza energética, el nuevo Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, sorprendió al mundo el pasado 23 de diciembre aprobando un Real Decreto Ley que pone las bases legales para ‘mejorar’ el actual bono social. Este Real Decreto-Ley, que cuenta con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, es una bomba de relojería contra las pequeñas comercializadoras y repercutirá en una subida de precios generalizada.

Álvaro Nadal ha convocado para hoy martes a los portavoces de Energía de todos los grupos políticos para ‘escuchar’ sus recomendaciones de cara al desarrollo del reglamento del bono social y para pedir su apoyo para la convalidación del mismo en el Congreso de los Diputados. En el RDL 7/2016, que es discriminatorio en múltiples sentidos, el Gobierno impone la financiación del bono social a todas (y sólo a) las comercializadoras en base a su número de clientes, con lo que aquellas que tienen pequeños clientes, es decir, las que sólo comercializan al sector doméstico, serán las mayores perjudicadas.

Y les perjudica hasta tal punto, que varias de estas comercializadoras verán reducidos sus márgenes de beneficios actuales a la mitad. Es el caso de Som Energía, Goiener o Eléctrica de Cádiz, entre otras. Si no me cree, eche la cuenta usted mismo. El Gobierno ha decidido que las pequeñas comercializadoras eléctricas, cuyos clientes son mayoritariamente domésticos, sean solidarias por encima de sus posibilidades.

Todas las comercializadoras estarán obligadas a financiar un bono social que, para más inri, la mayor parte de ellas no podrán ofrecer a sus clientes, puesto que se prevé que sólo puedan gestionar el bono social, las comercializadoras de referencia. Es decir, que el mecanismo de financiación del bono social supondrá un cuantioso trasvase de fondos de las pequeñas comercializadoras a las grandes del oligopolio, las cuales sí ofrecen el bono social, en su versión PVPC.

Este Real Decreto-Ley es la tercera norma que aprueba el Gobierno de España sobre la financiación del bono social, y presumiblemente, será la tercera que será invalidada por el Tribunal Supremo, puesto que es nuevamente ‘discriminatoria’ y vuelve a desoír las recomendaciones que hiciera el Supremo en 2012, que hablaba de volumen de negocio como el criterio menos discriminatorio.

En 2009, el ex ministro Miguel Sebastián estableció que pagaran el bono social las productoras de electricidad, ellas recurrieron, y la ley fue invalidada. La misma suerte corrió la ley de José Manuel Soria, que en este caso estableció que fueran las empresas eléctricas que fueran productoras, distribuidoras y comercializadoras al mismo tiempo. Ahora el Real Decreto-Ley de Álvaro Nadal vuelve a pecar exactamente de lo mismo, pero va a tener el terrible mérito de cargarse por el camino a las pequeñas comercializadoras.

¿Y qué pasa cada vez que el Supremo invalida el mecanismo de financiación del bono social? Que lo pagamos los consumidores, es decir, todos y todas. A la luz de estos hechos, cabe preguntarse si los sucesivos ministros de Energía están haciendo estas leyes mal a propósito para que las grandes eléctricas no paguen el bono. (Por cierto, que ninguno de estos ministros ha dimitido por dicha cuestión).

Para entender cómo nos va a afectar este Real Decreto-Ley, pongamos un ejemplo, pero en lugar de electricidad, llevemos la cuestión a la venta de pan. Imagine que regenta una pequeña panadería de barrio. Frente a usted tiene una gran superficie con un horno del que salen 100.000.000 de barras diarias, pero aún así, usted se mantiene y logra vender 500 barras a sus clientes habituales.

Para asegurar que todo el mundo tenga acceso al pan, el Gobierno crea un ‘bono del pan’, con unos criterios de acceso harto discutibles, y años después decide que todas las panaderías deben ser solidarias y poner un euro por cada barra de pan, para costear el ‘bono del pan’ en función del número de clientes y no de la cantidad de pan que vendan. Como usted vende las barras de una en una, o de dos en dos, y tiene cientos de clientes, tiene que pagar proporcionalmente mucho más que la gran panificadora de enfrente. Se entiende ¿no?

¿Se han preguntado el Gobierno, el PSOE o Ciudadanos cómo se van a mantener a flote las pequeñas comercializadoras del sector doméstico sin la mitad de sus beneficios? Evidentemente, tendrán que doblar los precios o cerrar. Si se convalida este Real Decreto-Ley en el Congreso en las próximas semanas y el reglamento que le sigue va en la misma dirección, es más que previsible que todos los consumidores y consumidoras acabemos pagando más en el recibo de la luz.

Llama la atención que, con este RD 7/2016 las empresas del oligopolio eléctrico tendrán que pagar aproximadamente un 3% menos por el bono social de lo que pagaban con la última regulación que invalidó el Supremo. Por otro lado, es más que cuestionable que el bono social lo deban pagar las comercializadoras, siendo ésta la parte del sistema eléctrico que menor margen tiene (en torno al 3%), a gran distancia de la producción de electricidad y de la distribución.

Pero, no parece casualidad, ya que son las empresas comercializadoras las que deciden las tarifas y son las únicas con las que los/las clientes finales tenemos un contacto directo. Por tanto, poniendo el peso del bono social en las comercializadoras, el resto del sistema eléctrico mantendrá sus márgenes de beneficio intactos y las comercializadoras habrán de gestionar el previsible cabreo colectivo ante la subida de tarifas.

Sin embargo, es precisamente en la comercialización, en la que la ciudadanía ha empezado a incursionar a través de las cooperativas de consumidores sin ánimo de lucro. En menos de 5 años han surgido una docena de cooperativas de comercialización de electricidad 100% renovable, empresas cuyo objeto social no es extraer el máximo beneficio, sino tratar de que las familias gasten lo menos posible y colaboren en la construcción un modelo energético democrático y renovable.

Estas cooperativas suponen el cuestionamiento profundo de la manera de funcionar del sector eléctrico, del autoritarismo inherente a la actual política energética y, con su sola existencia, incorporan una mirada ética al mundo de la energía.

Hoy se reúnen todos los portavoces de Energía del Congreso con el Secretario de Estado para hablar del bono social. Esperemos que los grupos políticos, con las cifras en la mano, no sigan adelante con este despropósito y exijan que el bono social se pague de manera proporcionada; que esta vez los medios de comunicación pongan más interés del que mostraron el día de Navidad por el tema, y que las asociaciones de consumidores, las plataformas ciudadanas y las propias comercializadoras sumen esfuerzos para defender el bien común.

Porque, si no nos espabilamos, el oligopolio (con la inestimable ayuda del PP, PSOE y Ciudadanos), logrará aniquilar las cooperativas renovables (y al resto de pequeñas comercializadoras), que son las principales alternativas de democratización del sector eléctrico que tenemos a día de hoy, y lo hará sirviéndose de un uso perverso de una de nuestras reivindicaciones más sentidas, la lucha contra la pobreza energética.

Alba del Campo
Coordinadora de la Mesa de Transición Energética de Cádiz
Miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

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